El PSOE quiere saber si los convenios urbanísticos de Campos de Golf han pagado la contribucion

El fracaso de la política urbanística del gobierno de Antonio Tamayo ha dejado millones de metros de suelo urbanizable en manos de mercantiles que han desaparecido de Cieza, ni un solo puesto de trabajo y a cientos de agricultores arruinados por las desorbitadas contribuciones.

Ante este panorama, el concejal socialista José Luis Sánchez, ha dirigido diversas preguntas al gobierno local para que informe sobre si las empresas con las que se firmaron los convenios urbanísticos, están pagando la contribución como el resto de vecinos de Cieza. En caso contrario, el PSOE quiere saber qué actuaciones está llevando a cabo el ejecutivo local para requerir a estas mercantiles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La pregunta se plantea ante la desaparición de algunas empresas con las que se firmaron convenios, como por ejemplo el del Quinto. Señala el comunicado del PSOE que lo más dramático es que la reclasificación masiva de suelo agrícola a urbanizable amparado por los convenios, afecta también a terrenos de cultivo de melocotón a los que el ayuntamiento gira recibo de contribución a precio de solar, haciendo estas explotaciones agrarias inviables.

La realidad hoy, señala el concejal del PSOE, es que "el gobierno de Antonio Tamayo ha dejado una hipoteca sobre muchas explotaciones agrarias del municipio, convirtiéndolas en solares que urbanísticamente nunca se van a desarrollar y que desde el punto de vista agrario, son inviables por la carga tributaria que soportan".

El PSOE insta al alcalde a que diga qué solución pretende adoptar sobre este asunto, o si por el contrario pretende mantener una actitud pasiva ante una situación, creada por su gobierno, que afecta negativamente a la agricultura y a la economía del municipio.

Por último, el comunicado de prensa socialista, pide al Alcalde que explique el trato de favor que ha otorgado a algunas mercantiles, permitiendo cambiar los avales bancarios por garantías hipotecarias. Esta decisión, perjudicial para los intereses municipales, limita seriamente la capacidad del ayuntamiento para exigir a las mercantiles el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y perjudican los intereses de los ciezanos en favor de las mercantiles.

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