Rodríguez: "El nuevo Paseo Ribereño costaría al menos 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Cieza"

IU-Verdes propugna una campaña de información a la ciudadanía, con exposición pública del proyecto y del convenio

Este martes han comparecido en rueda de prensa el secretario de organización de IU-Verdes de Cieza, José María Rodríguez, y la portavoz para asuntos medioambientales, María Cano, para explicar los pormenores del proyecto de Paseo Ribereño, cuyo convenio fue suscrito con Acuamed cuatro días antes de las elecciones por el anterior alcalde, Antonio Tamayo.

Rodríguez, ha comenzado recordando la historia de este proyecto, cuyo convenio no ha dudado en calificar como "una auténtica patata caliente que el anterior equipo quiso dejar para la corporación entrante". En este sentido, ha desvelado que establece como fecha máxima para terminar las obras el 31 de diciembre de 2015, por lo que "no habría tiempo material de terminar la obra para esa fecha, y las certificaciones de obra que quedaran por terminar no se podrían financiar por los fondos europeos", aclarando que "a estas alturas ni se ha dado el visto bueno del proyecto por parte del Ayuntamiento, porque no ha tenido entrada todavía en el mismo, ni están resueltas las alegaciones que formularon los vecinos y colectivos al mismo, ni tampoco las expropiaciones de los 10.000 m2 de terrenos colindantes de los necesarios para la ejecución de la obra".

En cuanto a las condiciones económicas, el dirigente de IU-Verdes de Cieza ha subrayado que el ayuntamiento se compromete a pagar el 20% de la obra, 825.000 euros, de los cuales están consignados 300.000 y para los restantes 525.000 habría que pedir un préstamo con los consiguientes intereses. A estos costes, hay que sumarle el 21% de IVA, un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial y el 1% cultural por lo que el montante pasa de 3,3 millones de euros a algo más de 4,4 millones, de tal forma que el Ayuntamiento de Cieza tendría que poner aproximadamente 1,7 millones de euros. Además, ha incidido en que el Ayuntamiento se compromete a sufragar los costes reales de proyectos, estudios y gastos de gestión que presente la empresa, que por el momento se desconocen.

"Los costes del mantenimiento de las obras y las actuaciones que se acometan: tareas de limpieza, desbroce de cañas, reposición de arbolado, tratamiento de las maderas de las pasarelas, etc., no están calculados pero sí corren a cargo del Ayuntamiento. Y por la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria hay que hacer una valoración por parte de un técnico y consignarlo en los presupuestos", ha declarado.

Finalmente, se ha referido a los sobrecostes, un tema que ha calificado de "muy espinoso", que no está calculado, pero que según el convenio "todos los sobrecostes que se produjeran por modificaciones, revisiones de precios, obras complementarias, etc. corren a cargo del Ayuntamiento de Cieza" y "en el caso de que supusieran más del 10% los valoraría una Comisión de Seguimiento, en la que el Ayuntamiento de Cieza sale perjudicado ya que la conforman dos representantes de cada una de las partes firmantes, pero la presidencia la ostenta ACUAMED, y en caso de empate decidiría el voto del presidente, lo que supone otra clara desventaja para el Ayuntamiento".

María Cano: "Este proyecto no entronca con el tipo de políticas ambientales que desde nuestra formación venimos demandando"

Por su parte, María Cano, portavoz para asuntos medioambientales de IU-Verdes de Cieza, ha sido la encargada de entrar en los pormenores del proyecto afirmando de entrada que "este proyecto no entronca con el tipo de políticas ambientales que desde nuestra formación venimos demandando" y que "hay elementos constructivos urbanos, que no son adecuados para un río, porque lo artificializan, encarecen el proyecto y el mantenimiento, y no se justifican desde el punto de vista de un proyecto de recuperación ambiental". Además, ha dicho que "no presenta una recuperación fluvial, esto es otra cosa diferente, es un proyecto de obra civil. No es un proyecto de referencia ni en España ni en ningún sitio en materia de recuperación ambiental".

Cano que ha calificado la obra de "proyecto mal concebido, mal planteado y que no se ha redactado bajo la bandera de la recuperación del río", ha subrayado que "no hay tiempo para producir la planta, afirmado que a día de hoy, según los viveristas de planta forestal, "no existe planta autóctona disponible en el mercado para abastecer esta intervención (10.000 plantas y 4.000 árboles) en los tiempos marcados según convenio", informando que "la planta sólo puede ser suministrada por los viveros autorizados de la Cuenca del Segura y no caer en trampas pasadas como lo fue en la restauración que se llevó a cabo en el tramo desde el Arenal hasta la Presa, donde se gastaron miles de euros en álamos de la Cuenca del Ebro, no se presentó el certificado de esta especie exótica que fue producida por una empresa catalana que no pertenece a este grupo de viveros autorizados.

En lo referente al mantenimiento, la portavoz ha sostenido que se trata de uno de los principales problemas detectados en las intervenciones realizadas hasta la fecha, incidiendo en que "cuando trabajamos con plantas, el mantenimiento es un condicionante indispensable. Para alcanzar cierto grado de autosostenimiento, debemos entender que en la mayoría de los casos el mantenimiento inicial deberá ser permanente y muy costoso por lo que esto está abocado a ser otro proyecto en el que la caña al final vuelva a comerse todo el espacio que se ha recuperado".

Finalmente, Cano ha sostenido que "el PP, con este proyecto, ha dinamitado lo que tanto trabajo costó sacar, la Agenda Local XXI, que aúna a una gran parte de colectivos ciezanos culturales, ambientales, deportivos, sociales, ya que no ha habido participación, no ha habido consultas y no se han tenido en cuenta las organizaciones que trabajan actualmente en proyectos de recuperación fluvial en la comarca".

Por todos estos aspectos, y estando de acuerdo IU-Verdes en que en el río hay que actuar, han propugnado la puesta en marcha de una campaña de información a la ciudadanía, con exposición pública del proyecto y del convenio, con debates que confronten las posturas sobre el mismo y que los ciudadanos decidan lo que es mejor.

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