"Cuando está cercana la celebración de un nuevo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, es preciso recordar que los derechos de las mujeres siguen siendo conculcados en extensas zonas del mundo y también en nuestro país, como es la aspiración a la libertad, a la autonomía personal y al acceso a los recursos a la igualdad entre todos los seres humanos", ha declarado José Eduardo Illueca, concejal del grupo municipal de IU-Verdes.
Continua el edil ecosocialista remarcando que "en esta fecha es ineludible referirse, en nuestro país, al anteproyecto presentado por el gobierno del Partido Popular de la Ley de protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, la nueva ley del aborto del Ministro Gallardón que supone un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres".
Señala Illueca que "en España hemos tenido que esperar muchos años para conseguir una ley de plazos como tiene la mayoría de países de Europa y ahora no podemos permitir una propuesta que nos aboca a un grave retroceso para con los derechos de la mujer para decidir sobre si quiere o no ser madre y que nos impondrá situarnos además con una de las legislaciones más restrictivas del conjunto de Europa".
El concejal ecosocialista ha recordado que "en una reciente comparecencia parlamentaria el Ministro de Justicia declaró que ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social, e indudablemente hay que estar de acuerdo con esta frase, pero, a continuación, el Ministro debería haber anunciado medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la creación de guarderías públicas, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, mayores dotaciones económicas para los servicios sociales, beneficios fiscales a la maternidad, pero no un cambio de ley para que el aborto dentro de las catorce primeras semanas vuelva a convertirse en un delito".
Además continúa el representante de IU-Verdes "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia sirve para interpretar nuestros derechos fundamentales, ha rehusado calificar la interrupción voluntaria del embarazo como un hecho contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Muy al contrario, ha afirmado que la legislación que regula la interrupción del embarazo afecta al ámbito de la vida privada de la mujer y desde este punto de vista debe ser contemplada su posición jurídica, y también que los procedimientos establecidos deben permitir que las decisiones legítimas en cada país sean tomadas a tiempo para prevenir o limitar el perjuicio para la salud de la mujer que podría resultar de un aborto tardío". Si el cambio legal se consuma, "las mujeres que no deseen ser 'protegidas' en España no tendrán más remedio que viajar al extranjero, como ya ocurría en otros tiempos históricos, lo que propiciará en esta materia el desarrollo de un indeseable turismo de derechos".
Por último, Illueca ha puntualizado que "en cualquier caso, y como coincidimos con el Ministro en que ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por causas que no sean su estricta voluntad, entendemos que es una buena ocasión para introducir medidas, aunque sean modestas, que puedan fomentar desde el ámbito municipal el ejercicio de una sexualidad libre pero responsable". Para ello, desde IU-verdes se requiere al gobierno municipal "para que se refuerce el compromiso de trabajo en pro de una igualdad real, coordinando los esfuerzos de las diferentes concejalías cuyas competencias pueden tener incidencia en este aspecto, porque solo la igualdad permitirá avanzar en la generalización y profundización de los derechos de las mujeres".