En palabras de Antonio Penalva, portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Cieza, "los trabajadores de Promociones Empresariales llevan padeciendo demasiado tiempo los problemas derivados de una mala gestión por parte del Ayuntamiento, problemas que han llegado a suponer demoras insoportables en el cobro de sus salarios; de ahí nuestro máximo grado de compromiso con la solución de los problemas de estos trabajadores y con la consecución de su máxima estabilidad laboral y salarial".
Dicho esto, Penalva ha querido dejar claro que la solución a los problemas de estos trabajadores "no pasa por su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento al margen de los procedimientos legalmente previstos; el Ayuntamiento, con este acuerdo, admite la existencia de una infracción laboral grave, cuya consecuencia para los trabajadores podría ser el derecho de opción, pero al tratarse de una Administración pública y no de una empresa estos trabajadores pasarían a ser personal indefinido no fijo, con lo que no tendrían ningún derecho, pudiendo ser despedidos con sólo 8 días de indemnización y sin derecho alguno sobre las plazas cuando éstas sean previstas, como obliga la ley, por medio de un procedimiento abierto de concurso-oposición".
La cesión ilegal de trabajadores, explica Penalva, "es una infracción calificada como muy grave en el régimen sancionador social, que se castiga en todos los caso y con una multa mínima de 3000 euros". Para este concejal, "es completamente insólito que una Administración adopte un acuerdo donde se 'confiesa' una infracción de esta naturaleza, que tiene siempre un carácter fraudulento; lo normal, lo lógico, si el Ayuntamiento actúa dentro de los límites del Derecho, como se presupone, es que se defienda la legalidad de la actuación seguida; se recurre a la admisión de una ilegalidad muy grave para sortear, a su vez, unos mecanismos legales que tienen relevancia constitucional, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública; no podemos ser colaboradores de un acuerdo con estas consecuencias, que tiene todo la apariencia de un supuesto de fraude de ley".
En opinión de los ecosocialistas ciezanos, "las repercusiones políticas y jurídicas de este asunto pueden ser graves e inevitables; lo que el Ayuntamiento debería de hacer es defender la legalidad de las contrataciones que mantiene con Promociones y de su ejecución, corrigiendo de inmediato los aspectos desviados; lo que supone, naturalmente, desestimar la reclamación; y que sea un juez, en todo caso, quien declare la existencia de este posible ilícito y del consecuente derecho de optar de los trabajadores perjudicados por la cesión, pero no el Ayuntamiento".
Por último, Penalva sostiene que "si el Ayuntamiento confiesa que ha estado cometiendo una ilegalidad laboral grave y continuada en el tiempo, y lo hace nada menos que con el rango de un acuerdo plenario, alguien debería asumir de inmediato responsabilidades políticas, y las personas responsables de esta conducta ilícita, con tan severas consecuencias, deberían dimitir si son políticos o ser expedientados conforme a los reglamentos si se trata de técnicos ; no cabe plantear otra cosa dentro de una lógica democrática".
Por otra parte, "si el acuerdo se adopta finalmente en los términos planteados y se llegasen a derivar responsabilidades para el Ayuntamiento en forma de sanción administrativa, lo que sería prácticamente seguro si llegase a intervenir la Inspección de Trabajo desde Izquierda Unida se exigirá la instrucción del correspondiente expediente de alcance para que dichas responsabilidades se trasladen a las personas responsables de esta conducta ilícita de la que el mismo equipo de gobierno se confiesa responsable".