Cuando el río suena agua lleva, dice el refrán, y que lo excepcional se convierta en habitual hace levantar al menos dudas sobre la ejecución de los contratos de obras por parte del Ayuntamiento de Cieza. Y es que, en opinión de su concejal, José Eduardo Illueca, "no parece muy normal que se sucedan las liquidaciones de obras, en muchas de las contrataciones efectuadas por este Ayuntamiento, siempre a favor de la empresa contratista y siempre rozando el límite legal del 10 por ciento del precio original del contrato que, de superarse, obligaría a redactar una modificación del proyecto".

En este caso se trata de la construcción del Centro de Folklore, "obra que se adjudicó hace más de tres años y para cuya ejecución completa la empresa ha solicitado hasta 6 prórrogas, cuando había ofertado y así le fue puntuado en el baremo una reducción importante en el plazo de ejecución". IU-Verdes de Cieza ya alertó en su momento que la adjudicación se había efectuado con una baja del 40 por 100 sobre el precio de licitación, "una oferta muy jugosa y aparentemente ventajosa para las arcas municipales, que le permitió a la empresa acceder al contrato, pero que se desvirtúa cuando aparece al final un sobrecoste que se aproxima a los 70.000 euros".

El problema no es que se practiquen liquidaciones, cuya realización entra dentro de la lógica contractual y están previstas por la ley. Pero, como explica Illueca, el problema se plantea por el posible uso torcido de la cláusula legal que permite cambiar el número de unidades realmente ejecutadas, sin modificar el proyecto, por diferencias de medición y siempre que su importe no supere el 10 por 100 del precio inicial: "Es fácil entender que las diferencias de medición se producen al azar y pueden redundar tanto en un exceso como en una disminución de unidades de obra y, en caso de haber exceso éste puede producirse en cualquier proporción; cuando con tanta frecuencia la liquidación aparece ajustada al 10 por 100 no parece que pueda ser algo aleatorio, sino que existe una costumbre de descontar este límite legal a la hora de hacer la oferta económica con la expectativa de recuperarlo por vía de liquidación final".

Según Illueca, "no sólo se perjudica de modo evidente al erario público, sino que se lesionan los derechos de los licitadores de buena fe que ajustan sus ofertas económicas a la realidad de los pliegos; y se perjudica sobre todo la transparencia de los procesos de contratación y de ejecución de los contratos".

Esta práctica, en opinión del concejal ecosocialista, "debería ser desterrada y que las liquidaciones de obra cumpliesen su pape: ajustar la realidad final a la prevista de la obra, no garantizar un sobrecoste a la empresa cercano al 10 por 100 que le permita resarcirse de una baja excesiva en la licitación". La única vía para ello es intensificar los mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos "y no aceptar de modo mecánico cualquier propuesta de liquidación que se presenta; para avanzar en esta línea ya propusimos en un Pleno reciente nuestra disposición a llegar a acuerdos con los otros grupos municipales y, desde luego, ésta será una línea prioritaria en materia de contratación pública si llegamos a tener responsabilidades de gobierno".

En esta ocasión llueve sobre mojado, ya que "recientemente el Pleno aprobaba con los votos exclusivos del PP, la liquidación final del Teatro Capitol por un importe superior al millón cien mil euros, que se suma a los sobrecostes anteriores por las modificaciones del proyecto y a la supresión de mejoras gratuitas; una situación que se repite, si bien en menor cuantía, con la Escuela de Folklore, que costará finalmente 109.000 euros sobre el precio contratado inicialmente, una vez sumados el modificado del proyecto y la liquidación final de obra".