La situación creada en la Escuela de Música de Cieza, tras la exclusión de la totalidad de los aspirantes que participaron en julio en las pruebas de nivel, ha provocado la reacción airada de todos ellos y, en muchos casos, de sus familiares por tratarse las más de las veces de ciudadanos menores de edad. El grupo político municipal de IU-Verdes ha querido salir al paso y denunciar públicamente, a través de su concejal José Eduardo Illueca, que "lo ocurrido no es admisible en un Estado de Derecho donde se respetan los derechos de las personas y rige el principio de seguridad jurídica, por lo que el Ayuntamiento debe dar explicaciones y ofrecer una solución que pueda satisfacer las expectativas de los perjudicados".
Como recuerda este concejal, "las pruebas de instrumento se convocaron por el mes de marzo y los exámenes se celebraron en julio; por otra parte, se trata de unas pruebas de nivel que venían celebrándose en años anteriores, y se le dijo a los participantes que en septiembre tendrían los resultados con la asignación, en su caso, del curso de entrada en la enseñanza pretendida".
Sin embargo, para perplejidad de propios y extraños, "todos los aspirantes han aparecido excluidos, lo que parece dejar a las claras que no existen plazas para ellos; de ser esto así, es decir, si se hubiesen convocado unas pruebas de nivel, con la constitución de los correspondientes tribunales y la celebración de los exámenes, sin existir dotación presupuestaria o previsiones de personal suficiente para atender estas plazas, estaríamos ante una situación muy grave; se habría generado un perjuicio importante a unos estudiantes, en muchos casos menores, que han puesto su empeño, su ilusión y un año de estudio y preparación para la entrada en la Escuela, por no hablar de la compra, en muchos casos, del instrumento".
La causa de esta exclusión "masiva" de todos los examinados "no obedece, desde luego, a que ninguno de ellos haya podido acreditar al menos el nivel exigido para la entrada en el 2° curso del instrumento, sino, con toda probabilidad, a un cambio de criterio debido a la imposibilidad de crear las plazas por razones económicas; sin embargo, este tipo de cuestiones deben estar más que previstas antes de lanzar una convocatoria pública con todo lo que ello implica y, desde luego, es de todo punto injusto e inaceptable que paguen los platos rotos los ciudadanos si lo que ha habido es negligencia, falta de previsión o descoordinación entre el centro y la concejalía".
Para Illueca, "la responsabilidad de esta situación esperpéntica no hay que situarla en la Escuela de Música, cuyos profesionales desarrollan una labor impagable en condiciones de precariedad cada vez mayores, sino en la concejalía de educación, que es quien debe dar explicaciones a la ciudadanía por este engaño". En opinión de este concejal, "no es creíble que la concejala responsable del centro, María Antonia Giménez, desconociese la existencia de estas pruebas; porque de ser así, debería seguramente dimitir de inmediato por causa de incompetencia".
Se ha perjudicado de un modo grave a quince ciudadanos que concurrieron a estas pruebas y que aparecen ahora excluidos en su totalidad, "sin que se hayan hecho públicas ni los motivos de la exclusión, lo que por sí solo ya supone una vulneración de derechos básicos en la relación de la Administración con sus administrados, ni las actas de las pruebas realizadas que, obviamente, deben de existir y que son por su propia naturaleza un documento público".
En conclusión, el concejal Illueca es de la opinión de que "el Ayuntamiento debe enmendar de inmediato el desaguisado cometido con estas pruebas, dar explicaciones públicas, pedir disculpas a los afectados y a sus familias y tomar las medidas oportunas para dotar a la convocatoria realizada de un contenido material mínimo, otorgando al menos una plaza por instrumento convocado; y, por supuesto, publicar de inmediato las actas de los tribunales calificadores con los resultados de las pruebas realizadas".