La expropiación de determinadas parcelas en el perímetro urbano designado como "V-6", en las faldas del cerro de La Ermita, más conocidos como "terrenos de Migaseca", un asunto que viene arrastrando desde hace 15 años, puede tener una repercusión económica muy grave en el futuro próximo del Ayuntamiento y minar su sostenibilidad financiera. Así lo entienden en el grupo de IU-Verdes, cuyo concejal José Eduardo Illueca interpelará al Alcalde en el próximo Pleno, en relación con esta materia.

Para este concejal, "la gestión descuidada, casi podríamos decir que irresponsable, de este tema por parte de diferentes gobiernos del Partido Popular es evidente, y sus consecuencias pueden ser catastróficas en el corto plazo para las cuentas municipales".

Así, "el Ayuntamiento ha perdido dos procedimientos judiciales; el primero le ha condenado por sentencia firme al pago de casi un millón de euros más los intereses de demora, pero el segundo es mucho más grave, ya que le condena a pagar casi cinco millones de euros más los intereses de demora desde el inicio del procedimiento, lo que podría elevar esta cifra a unos niveles exorbitantes".

El equipo de gobierno popular debería explicar a la ciudadanía "cómo se ha podido llegar a una situación como ésta, donde el Ayuntamiento se encuentra abocado al pago de cantidades multimillonarias, que dejarían en mantilla al Príncipe de Asturias, por unos terrenos que en el mercado del suelo actual no las valen ni de lejos". Para Illueca, la responsabilidad y la mala gestión son indudables.

El primer error cometido, cuando aún era alcalde Paco López, "ya que se podía haber evitado en su momento, pagando el justiprecio fijado o consignándolo en presupuesto, que la familia pidiese una retasación que, en un momento en que el mercado inmobiliario iba claramente al alza, situó el valor de estos terrenos por las nubes".

En una segunda ocasión, "cuando el retraso con el PGMO hizo que expirase el convenio firmado con los propietarios por lo que estos renunciaban al justiprecio y a sus acciones judiciales si se les aumentaba la edificabilidad de los terrenos, ya calificados de uso residencial; cuando explotó la 'burbuja' a estos señores ya no les interesaban las plusvalías de los terrenos, sino el precio de una expropiación que ya no tenía nada que ver con los valores reales".

Según este concejal, "la situación es grave, ya que, si finalmente es firme la tasación de los 4,8 millones más intereses, el impacto económico será brutal y lastrará el desarrollo económico y social del municipio durante años". Por ello, "transparencia obliga, los ciudadanos tienen que conocer con exactitud las dimensiones del problema y la situación jurídica del mismo, por lo que hemos planteado una interpelación plenaria cuya contestación nos comprometemos a difundir públicamente".

En esta interpelación, Illueca pregunta, entre otras cosas, "si ha sido o no admitido a trámite por el Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Murcia de 2012 que fija el precio de la indemnización en casi 5 millones de euros más intereses, a cuánto ascienden los pagos efectuados por esta expropiación, si los ha habido, desglosando principal e intereses, cuál sería finalmente el precio que tendría que pagar el Ayuntamiento si dicha sentencia, como parece probable, alcanza firmeza y, algo muy importante, como ha previsto el equipo de gobierno hacer frente al pago de esta deuda y de donde espera obtener financiación para ello".