El coordinador de IU-Verdes en Cieza denuncia que la cuestión de los parados de larga duración "es un grave problema que forma parte de los costes inadmisibles de la crisis y del empobrecimiento general de la población".

El coordinador de IU-Verdes en Cieza, Francisco Saorín, ha desvelado que "sólo 300.000 personas podrían beneficiarse de la nueva medida de ayuda de 450 euros para los parados de larga duración. Es decir, poco más de uno de cada diez desempleados sin ayudas accedería a una prestación que va de los 399 a los 450 euros, siempre y cuando lleven más de un año en el paro y sin cobrar prestaciones".

"Es más, de lograr esta ayuda, no podrían cobrarla durante más de seis meses, periodo tras el que no existirá prórroga. Asimismo, esta propuesta tiene ya fecha de caducidad, puesto que terminará el 31 de diciembre del año que viene, coincidiendo casualmente con las próximas elecciones generales previstas para noviembre", ha precisado Saorín.

El coordinador de los ecosocialistas ciezanos ha precisado que estamos en una situación en la que casi la mitad de los parados no tienen ya ningún tipo de protección, el 30% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y en más de 700.000 hogares no hay ningún ingreso", por lo que "hay que dar una solución adecuada y global" a las personas desempleadas sin ingresos, añadiendo que "los poderes públicos deben garantizar una vida digna a toda la ciudadanía", porque ese "es uno de los principios del poder político que establece el artículo 10 de la Constitución".

Frente al plan de ayudas que Rajoy IU-Verdes defiende que habría que empezar por "desarrollar un Sistema de Renta y Recursos Sociales Básicos", explicando Saorín que "partimos del derecho universal a una vida digna, que evidentemente sólo se puede reclamar por quienes carecen de recursos para asegurarla". En este sentido, ha detallado que "al menos, la cantidad personal garantizada sería el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que hoy es de 533,31 euros", una cantidad que "debe ser modulada al alza en función del número de personas de la unidad de convivencia y que tendría que completarse con los apoyos necesarios en servicios públicos", como vivienda, becas, transporte público, o con facturas de agua y energía.