Según la denuncia del concejal de IU-Verdes, José Eduardo Illueca, una importante masa de residuos de obra y demolición han sido vertidos de forma ilegal dentro del perímetro urbano APE-2, conocido popularmente como terrenos de Migaseca, en las proximidades de la ermita del Santo Cristo.
Concretamente, en palabras de Illueca, "el vertido se ha realizado justo en el límite de este perímetro urbanizable, cuyo terreno es en su mayor parte de propiedad municipal, en la esquina formada por las calles Compositor Granados y Julián Romea; se trata de una cantidad importante de escombros integrados por hormigón, bloques de obra y restos que podrían proceder, por su asepcto, del levantamiento de alguna calle".
Los escombros se encuentran situados justo en el límite del asfaltado actual de las calles y a una distancia muy corta de las viviendas que allí existen. Por su naturaleza, como recuerda este concejal, "el poseedor de residuos de construcción y demolición está obligado a entregarlos a un gestor autorizado, destinándolos preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización, y sólo tras el tratamiento adecuado por parte del gestor podrían ser destinados al depósito en un vertedero autorizado". La presencia de los escombros junto a viviendas habitadas "convierte al vertido, si cabe, en más intolerable, ya que genera perjuicios y molestias a los vecinos que éstos no tienen ninguna obligación jurídica de soportar".
Por otra parte, Illueca señala que el vertido se localiza "en una zona ya muy degradada y que ofrece una imagen lamentable en pleno casco urbano, imagen que todavía empeora con este tipo de vertidos", y recuerda que " se trata de un perímetro donde la titularidad mayoritaria es pública, y que se tomó un acuerdo plenario en el inicio de este mandato para activar y agilizar el procedimiento para su urbanización, acuerdo, como tantos otros, que se ha quedado a medias en su desarrollo".
Por todo ello, el concejal ecosocialista se ha dirigido por escrito al Alcalde, como titular en primera instancia de todas las competencias de gobierno, "para exigirle la retirada urgente de todos los escombros y residuos y su traslado a un vertedero autorizado para su tratamiento, así como una explicación a la ciudadanía a partir de toda la información de la que se disponga". En este escrito también se solicita del gobierno municipal "que se investigue de inmediato, con todos los medios disponibles para ello, la autoría del vertido en la medida en que ésta no se conozca, y que se abra el correspondiente expediente sancionador a los responsables".