El candidato a la alcaldía de IU-Verdes/Ganar Cieza, recuerda que la atención a los ciudadanos es un derecho de estos y un servicio obligatorio de la Administración.

Esta semana comparecía ante los medios de comunicación el candidato a la alcaldía por IU-Verdes/Ganar Cieza para analizar la situación en que deja el PP la organización del Ayuntamiento y presentar siete bloques de propuestas para su mejora.

Saorín, comenzó diciendo que "la situación que ha dejado el PP en la organización del Ayuntamiento Cieza, tras doce años de mayoría absoluta, se caracteriza por la opacidad en la gestión económica y la falta de comunicación con los ciudadanos. Además, la administración se sitúa por encima y a veces no respeta sus derechos. Y, unido a esto, se constata la ausencia de canales adecuados para la participación democrática de los ciudadanos en la vida del municipio".

A partír de ahí, explicó las propuestas de su programa electoral, empezando por el ámbito de la atención al ciudadano, donde dijo "llevaremos a cabo una atención personalizada, con un servicio de cita previa con el Alcalde y los distintos concejales; nos comprometemos a contestar a todos los escritos y solicitudes presentados por ciudadanos en el registro del Ayuntamiento así como a priorizar la atención y el bienestar de las familias en situación de precariedad social y económica antes que emprender grandes proyectos que se alejen de las necesidades básicas de las personas".

En el campo de la democracia participativa, subrayo el compromiso a poner en marcha de inmediato un Reglamento de Participación Ciudadana; a avanzar en la elaboración de presupuestos participativos; acercar la gestión municipal a la ciudadanía; promover desde la Administración municipal pública la participación ciudadana, y en cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica, actualmente en vigor, a retirar todos los símbolos de la dictadura franquista del municipio.

En el ámbito de las nuevas tecnologías -el candidato- se comprometió a revisar todos los servicios informáticos a disposición de los empleados públicos y destinados al eficaz funcionamiento de la Administración; y potenciar el funcionamiento del portal municipal convirtiéndolo en un medio de información más operativo y más dinámico.

En lo referente a la organización del Ayuntamiento, avanzó el rediseño de la organización político-administrativa, estableciendo unas concejalías operativas y con verdadero contenido; adecuaremos la organización y el número de efectivos de la Administración local a las competencias y funciones que realiza; y la actualización del Reglamento del Pleno para hacer posible la participación de los ciudadanos y para garantizar el control político de la actuación del gobierno por los grupos de la oposición.

"En cuanto a los servicios públicos, definiremos qué servicios son esenciales y prioritarios, defenderemos un modelo de gestión que garantice el acceso de todos los ciudadanos, compensando desigualdades sociales, y que esté basado en los principios de agilidad de procedimiento, mejora permanente del servicio y adecuada relación servicio/coste", insistió.

"En el ámbito de la gestión de personal, garantizaremos la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública; trabajaremos para la revalorización del empleado público; adecuaremos los recursos humanos para conseguir un mayor y mejor servicio público; tanto a nivel de organización como de atención al ciudadano; practicaremos una política de promoción de personal atendiendo a necesidades reales y procuraremos la formación laboral continuada", dijo.

Finalmente, Saorín, abordó el ámbito de la transparencia y de la prevención de la corrupción, donde se comprometió a adoptar las medidas necesarias para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos y la transparencia en todo cuanto tenga que ver con el cumplimiento de su mandato representativo; actualizar el Código de Buen Gobierno; revisar los procedimientos de contratación, especialmente en lo tocante a contratos menores, negociados sin publicidad y fraccionamiento; y, por último, a hacer públicos los sueldos y patrimonio de todos los cargos públicos de la Administración local, así como de sus variaciones.