El concejal de Urbanismo anuncia que su grupo político, en el caso de que la empresa ganara el pleito, planteará la interposición de una demanda por responsabilidad patrimonial contra los concejales del PP que votaron a favor de la aprobación de este convenio urbanístico.
Tras la reclamación de 600.000 euros realizada por la mercantil Cieza Golf S.L. al Ayuntamiento de Cieza, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Saorín, ha comparecido en rueda de prensa para, en su opinión, "refrescar la memoria sobre el origen de estos disparatados proyectos que se han caído por sí solos y que han supuesto una ruina para Cieza; para recordar quiénes son los responsables de estos desmanes; para explicar en qué se basa la reclamación y por qué en nuestra opinión no tienen razón; para tranquilizar a los vecinos que se sienten alarmados por esta nuevo 'atraco' a las arcas municipales, ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están trabajando y muy bien para ganar este pleito; y para anunciar que en caso de perderse, los concejales de IU-Verdes plantearán la interposición de una demanda por responsabilidad patrimonial contra quienes votaron a favor de la aprobación de este convenio urbanístico, del acuerdo suscrito con el desaparecido Ente Público del Agua, de la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación que lo ratificó, y contra Antonio Tamayo, que en su condición de alcalde de Cieza lo firmó todo".
Para Saorín, "el origen de estos desmanes está en una disparatada política urbanística practicada por el PP por la que se aprobó la recalificación de 20,5 millones de m2 de suelo rústico a urbanizable mediante convenios urbanísticos 'suscritos a la carta' con distintas mercantiles, con el fin de construir 34.663 viviendas y cinco campos de golf con una población previsible de 107.231 nuevos habitantes en el municipio".
En este sentido, ha precisado que "en el caso de Cieza Golf se trataba de levantar un complejo turístico-residencial con campo de golf de 18 hoyos, además de 8.000 viviendas, un hotel, un apartotel y centro comercial. A cambio de la recalificación de los terrenos la mercantil tenía que pagar al Ayuntamiento 12 millones de euros, de los cuales el 25 por ciento (tres millones) se tenían que haber abonado tras la aprobación definitiva del PGMO. De esos tres millones la mercantil adelantó a cuenta 600.000 euros en dos pagos de 300.000 euros cada uno, que reclama se le devuelvan ahora". "El disparate en aquellos años, entre 2004 y 2006, llegó a tal extremo que desde el Gobierno municipal se llegó a decir que el Ayuntamiento iba a ingresar 100 millones de euros gracias a estas empresas urbanizadoras que en realidad no eran más que meros especuladores, que se crearían 3.000 puestos de trabajo, e inclusive, en su desvarío, la concejala de Urbanismo y nuera del alcalde llegó a decir que con tantos ingresos los ciezanos ya no pagarían impuestos. La realidad 10 años más tarde está a la vista. En este caso hay unos responsables con nombre y apellidos que son Antonio Tamayo y los concejales del PP que votaron este disparate", censuró.
Ha precisado que "el convenio suscrito con Cieza Golf, al igual que el resto, necesitaba agua, mucha agua, en total 13 Hm3 anuales (solo Cieza Golf precisaba 2,34 Hm3 de agua/año), y como la Confederación Hidrográfica del Segura, a requerimiento de IU, emitió un informe el 15 de junio de 2006 certificando la inexistencia de recursos hídricos para satisfacer esa brutal demanda, tres meses después, el Gobierno municipal del PP acordó la suscripción de un convenio con el Ente Público del Agua, mediante el cual éste se comprometía a suministrar 7 Hm3 de agua procedente de la futura desalinizadora de Escombreras. No fue más que un engendro jurídico creado por Valcárcel y el PP regional para bordear la ley, que nunca funcionó. Un engendro hoy desaparecido".
En cuanto a la demanda interpuesta por Cieza Golf, el concejal de Urbanismo ha explicado que "se basa en que el Ayuntamiento no puede proporcionar el agua a la que se comprometió y por tanto tiene que devolver el dinero que la empresa adelantó y que el PP se gastó en fiestas y jolgorios. Pero la demandante omite cuatro aspectos sustanciales: la primera, que es a ella y al resto de empresas a las que les correspondía construir y pagar la tubería para traer el agua de la desaladora de Escombreras, tal como se establece en el convenio que todas ellas firmaron con el Ayuntamiento y la Comunidad; la segunda, que ese adelanto de 600.000 euros correspondía al pago de los 3 millones de euros que estaba obligada a pagar tras la aprobación definitiva del PGMO, según el convenio firmado, y que el citado Plan fue aprobado en su día por la CCAA; la tercera, que la mercantil no ha presentado el Plan Parcial para urbanizar la zona y por tanto no puede achacar que no tiene un agua que no ha solicitado; y la cuarta, que si bien el Ente Público del Agua se ha disuelto, su promotora, la CCAA, no y por tanto ella es la responsable de proporcionar esa agua en el momento en que se solicite".
Saorín, ha mostrado su "absoluta confianza" en la asesoría jurídica del Ayuntamiento que lleva el caso "y que estoy seguro aportará ante el juzgado todas las pruebas necesarias para que las pretensiones de Cieza Golf sean rechazadas". Pero ha ido más allá; así, en el aspecto judicial ha anunciado que, "en caso de que el Ayuntamiento perdiera el pleito y estuviera obligado a devolver esos 600.000 euros reclamados por la mercantil, los concejales de IU-Verdes plantearíamos la interposición de una demanda por responsabilidad patrimonial contra los concejales del PP que votaron a favor de la aprobación de este convenio urbanístico".
Finalmente, ha aprovechado la comparecencia ante los medios de comunicación para requerir a los concejales del grupo popular, con Juan Manuel Molina a la cabeza, a que "públicamente denuncien los disparates urbanísticos realizados por sus antecesores; reclamen la dimisión de quienes cometieron estos atropellos y todavía tienen responsabilidades dentro del PP ciezano, con su presidente Antonio Tamayo a la cabeza; y se pongan del lado del Gobierno municipal para defender los intereses de los vecinos".