El portavoz del Gobierno Antonio Ignacio Martínez-Real, en una valoración del pleno ordinario de diciembre, ha dicho no entender "el empecinamiento del PP en mantener una moción en la que se pedía colaborar con FAMDIF, y todo ello a pesar de que esa colaboración ya existe, que dicha asociación ya tiene disponible un local municipal para desarrollar su labor todos los miércoles desde las 9 hasta las 14 horas, y a pesar de que la propia asociación envió una nota de prensa sobre estos particulares. Tampoco es entendible que un partido que quiere aspirar a gobernar se empeñe en querer que se dé este año una subvención mediante convenio, que no está presupuestada, algo que es de imposible cumplimiento en este ejercicio presupuestario, pero que sí se hará realidad en 2020 tal y como ya se ha explicado".
En opinión de Martínez-Real, "ante la evidencia, el PP intentó confundir la realidad y culpar a todo el mundo de sus errores, actuando con falta de respeto al trabajo tanto del Gobierno como de la asociación. Tampoco observamos explicación razonable a lo realizado por el PP en su segunda moción sobre mejoras en la Biblioteca. En este punto, la concejala responsable intentó alcanzar un acuerdo con ellos, ya que el texto que presentaba el PP contenía algunas imprecisiones y errores; pedía al Ayuntamiento la puesta en marcha del préstamo de libros, cuando es algo que depende de la CARM; pedía aumentar horario en época de exámenes, algo que ya se ha hecho, y modificar la salida de emergencia, cuestión ésta última que necesitaría un informe previo y autorización de la CARM al ser un edificio catalogado como BIC. Decir que esa salida de emergencia, que fue construida por un Gobierno del PP, es totalmente ajustada a Ley, nos guste más o menos, y así se prevé en el Código Técnico de la Edificación. No se entiende la actitud del PP no queriendo pactar absolutamente nada, si bien, ante la evidencia y a la vista de que se quedaban solos, no tuvieron más remedio que apoyar la moción del Gobierno, que salía adelante por unanimidad, y que minutos antes habían rehusado a pactar".
Para el edil socialista, "también VOX pretendía confundir la realidad con una visión de la familia excluyente y pidiendo eliminar impuestos y favorecer a los que más tienen. Pedían bonificar el IBI a familias numerosas sin tener en cuenta la capacidad económica. El artículo 31 de la Constitución nos dice que los impuestos deben de ser progresivos, de manera que contribuyan más quienes más tienen. Con el texto que proponía VOX, se daría la paradoja de que pagaría más IBI una familia de 4 miembros, con un solo sueldo de administrativo, por ejemplo 22.000 euros al año (5.500 euros de renta per cápita), que una familia de 7 miembros con dos sueldos de 88.000 euros en total (12.571 euros de renta per cápita). Siendo vecinos del mismo edificio, la primera pagaría 484 euros y la segunda 48 euros. El Gobierno recordaba que, desde 2018, se paga un 4% menos de IBI, que se han rebajado las plusvalías y que, gracias a la subida del salario mínimo del Gobierno de España, son más familias numerosas las que tienen derecho a bonificación que tiene en cuenta los ingresos".
"La parte positiva ¿concluye Antonio Martínez-Real- fue el consenso para crear el Consejo de Participación Ciudadana, tras una iniciativa de CS, y la propuesta del Gobierno para la aprobación de la cuenta general de 2018, sin alegaciones ni votos en contra que vuelve a certificar el equilibrio financiero y presupuestario de las cuentas públicas".