La pasada semana se conocía que el Ministerio de Consumo ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) con el objetivo de desarrollar la figura del consumidor vulnerable. Con ello, el Gobierno pretende avanzar hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.
En declaraciones a la prensa, el concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, ha recordado que la figura de consumidor vulnerable, con carácter parcial, existe en el actual marco legislativo estatal y autonómico con el fin de proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos. La actual normativa estatal alude a colectivos especialmente vulnerables en el ámbito de la cooperación institucional, pero sin concretar este término.
En el ámbito autonómico la figura de consumidor vulnerable, tanto por su denominación como por los grupos de protección a los que alude, varían de una a otra comunidad. En cuanto a sectores económicos, solo el eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones.
En este marco, Saorín ha calificado de "gran avance" que el Ministerio de Consumo tenga previsto crear un marco regulatorio común para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación, avanzando así en la obligación de los poderes públicos de garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas. Una tarea que se tiene que abordar desde una perspectiva integral.
Según ha declarado Saorín, el desarrollo de la figura de la persona consumidora vulnerable es "imprescindible para avanzar en la justicia social". Contextos como la crisis sanitaria de la COVID-19, con sus implicaciones económicas, laborales y sociales, ponen de manifiesto que "todos somos susceptibles de ser consumidores vulnerables en algún momento de nuestras vidas", ha dicho el edil.
Finalmente, Saorín ha explicado que el Ministerio de Consumo plantea modificar el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad. Para ello, Consumo ha abierto un periodo de consulta pública en el que la sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.