Podemos-Cieza: "Los ataques desaforados de la derecha a la LOMLOE (Ley de Educación) solo se basan en bulos"

Ni se quita la religión, ni desaparece la concertada, ni se cierran los centros de educación especial, ni se extingue el castellano: todo falso

En nuestro sistema constitucional, las leyes que regulan derechos fundamentales, como lo es el derecho a la educación, han de aprobarse por el Parlamento como leyes orgánicas y conseguir la mayoría absoluta de los votos del Congreso. Esto no es fácil, y menos en una asamblea tan fragmentada políticamente como es nuestra cámara baja, pero la LOMLOE, la llamada "nueva ley de educación" lo ha logrado, por lo que su legitimidad democrática está más que avalada. Por ello, "las protestas y los ataques ante el nuevo texto, muchas veces desaforados, procedentes de las derechas y de la educación concertada, privada y católica demuestran el carácter profundamente antidemocrático de estos sectores, a los que la libertad, por la que clamaban el jueves algunos diputados desde sus escaños, solo les vale si es útil a sus intereses".

En Podemos-Cieza, opinamos que "se trata de una actitud indecente, más aún si se tiene en cuenta quelos reproches se basan en bulos que no tienen nada que ver con el texto de la ley que aprobó el Congreso".

Así, se afirma desde la derecha que la reforma legal busca acabar con la educación concertada y que ataca a la libertad de enseñanza, pero esto no es verdad. La supresión del concepto de "demanda social", que introdujo la reforma de Wert y que iba en claro detrimento de los centros públicos, no hará que desaparezca una red de centros concertados que ya estaba más que asentada antes de dicha reforma. Por lo tanto, "lo que se pone son límites a los centros privados financiados con fondos públicos para acabar con prácticas de segregación socioeconómica, a través del cobro de cuotas, o de género, con la separación de los alumnos por sexo; y también se limita la cesión de terreno público para la construcción de centros concertados".

Decir que la ley acaba con los centros de educación especial es otra burda mentira. Al contrario, "lo que la ley intenta es garantizar que todos loscentros cuenten con los recursos precisospara atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, favoreciendo su inclusión en el sistema educativo y en la sociedad".

Tampoco es verdad que la religión sea eliminada, "ya que sigue siendo materia de oferta obligatoria aunque, lógicamente, de elección voluntaria ya lo era , y lo que se suprime es la obligación de cursar una materia alternativa y su valor académico, ya que a partir de ahora no computará en la nota media".

Y, por último, "hay que desmontar la gran falacia de que la nueva ley hará desaparecer al castellano del sistema educativo en Cataluña o en otras comunidades con lenguas vernáculas". Simplemente, se elimina la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, "una noción jurídica confusa que introdujo la reforma del PP de 2013 y que intentaba dejar fuera de la ley las medidas de normalización lingüística adoptadas por algunas comunidades autónomas, con lo que se vuelve a lo que siempre hubo y se impone, además, a las administraciones educativas la obligación de controlar que al finalizar la ESO exista un dominio pleno del castellano así como de la lengua cooficial, en su caso".

En definitiva, más allá de las mentiras y de la desinformación, "la nueva ley supone la desactivación de algunas medidas muy regresivas que introdujo la reforma del ministro Wert de 2013 y la recuperación del espíritu progresista y de afianzamiento de la educación pública con que nació la LOE en 2006". En Podemos-Cieza queremos dejar claro que "aunque contar con una buena ley es esencial, los problemas de la educación dependen tanto o más que de la ley de las políticas educativas que la desarrollen y de la financiación con que se dote al sistema, y aquí queda mucho camino por recorrer, pues cuestiones como la ratio de alumnos por profesor, la convivencia en los centros, la dignificación de la labor docente o la modernización y digitalización de los centros son las que deben ocupar las agendas de las administraciones educativas a partir de ahora, tanto en el nivel estatal como en el autonómico, que es donde se sitúan la mayoría de las competencias de ejecución".

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