El candidato a la alcaldía de Cieza por IU-Verdes, Antonio Penalva, subraya de que por primera vez en democracia, CCAA y Ayuntamientos van a poder fijar los precios del alquiler, lo que supondrá que, tengamos una ley que protege el derecho a la vivienda de todos y todas.
Antonio Penalva, candidato de IU-Verdes a la Alcaldía de Cieza ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas del bloque de la investidura para sacar adelante la ley de Vivienda. "Después de cuatro años hay acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda y existen apoyos para que sea aprobada en el Congreso la primera ley de vivienda de la democracia, con un acuerdo que supone cambios en casi todos los artículos del anteproyecto que salió del Congreso que se incluirán mediante enmiendas", ha destacado.
El candidato ha destacado que los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.
También, ha puesto en valor que "se rebaja de diez a cinco los inmuebles que debe tener un casero para ser declarado gran tenedor". Así, las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de "gran tenedor" de los 10 inmuebles en propiedad establecidos originalmente en la ley a los cinco reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión.
Otro aspecto que ha resaltado Penalva es que la ley "prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminadas, una demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos". También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
Además, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. Y es que el servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere.
Con la ley de Vivienda ya no se puede obligar a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente. Esto evita una posible vía para el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas.
Por último, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la norma de existir un acuerdo entre las partes.
Penalva ha concluido diciendo que la ley de vivienda es un avance con respecto a la situación previa de insatisfacción de este derecho y es evidente que se ha llegado más lejos de lo que cabría esperar con la posición inicial del PSOE, pero no es la meta porque hay resquicios en la ley, el mercado los identifica muy rápido, y encuentra la manera de seguir aumentando las rentas.