Este lunes, convocado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunía el Consejo de Políticas del Juego, el equivalente a las comisiones sectoriales que existen en otros ministerios, para abordar, junto a las comunidades autónomas, la problemática de las casas de apuestas y con el objetivo de "iniciar un trabajo común" para abordar "un modelo compartido en la prevención de los efectos perjudiciales del juego" con los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias en materia de juego presencial. Se trata de la primera reunión de este órgano desde 2018.
En un comunicado de prensa, el concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, tras calificar de positiva la convocatoria y la reunión, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Gobierno y comunidades autónomas avancen hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El acuerdo alcanzado ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.
Asimismo, el concejal ha incido en que, "cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva".
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo- impide el acceso al juego online, mientras que, si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
Convenios entre Gobierno y CCAA
A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos. La coordinación se realizará mediante una agenda de estrecha colaboración entre el Ministerio de Consumo y comunidades autónomas, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la mejor fórmula de conexión. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.
El concejal de Consumo, Francisco Saorín, ha dicho que simplificar los trámites de autoprohibición "facilitará la vida a muchas familias abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables". "Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas", ha señalado Saorín que añade que "personas sin dificultades de desplazamiento estarán favorecidas por la interconexión".
Finalmente, Saorín ha informado de que el registro estatal, que no incluye los listados de las CCAA y que solo tiene capacidad para restringir el acceso al juego online, tiene actualmente 54.294 inscritos. En 2019, se inscribieron 9.143 nuevas personas, un 43% más que en 2018. El porcentaje de menores de 25 años inscritos se ha disparado en los últimos años: en 2012 representaban el 11% del total de inscritos y en 2019 ascienden al 22%.
