Para José María Rodríguez, portavoz de Medio Ambiente de IU-Verdes de Cieza, después de la Ley de Cambio Climático, este es el segundo gran reto legislativo del Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos en materia ambiental y supone avances significativos respecto a la norma vigente al regularse el retorno de envases, el canon a vertederos y el fin absoluto del amianto.
IU-Verdes de Cieza ha calificado de excelente decisión la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados de la nueva norma que regulará la gestión de desperdicios y basuras de diversa índole. José María Rodríguez, su portavoz en materia de Medio Ambiente, ha subrayado que en el texto se plasman algunas de las grandes e históricas reivindicaciones del ecologismo español, como la instauración de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, que cambiará por completo la forma en la que se consumen ciertos productos.
Rodríguez ha incidido en que con esta ley "se va a recuperar una forma de consumir mucho más responsable, en la que uno se va a hacer cargo directamente de sus propios envases llevándolos a su máquina de reciclar", precisando que "los datos en España hablan de un bajo índice de recuperación de residuos y muestran un país con problemas en la gestión, pues sólo se consiguen reciclar y recuperar el 25% de los envases del mercado". Además, Bruselas ha abierto 161 expedientes al Estado desde 2015 por deficiencias en el tratamiento de residuos.
También, ha explicado que las botellas y restos de recipientes dejarán de ser de plástico y se optará por otros materiales que faciliten la reutilización. De esta forma, los consumidores pagaran una fianza asociada al envase, que se le devolverá si lo retorna para que se pueda reciclar y volver a usar tras su higienización. Se trata de una iniciativa que ya funciona en otras zonas del mundo como Alemania, donde se ha conseguido recuperar hasta el 98,5% de los residuos.
Asimismo, ha señalado que la ley establece por primera vez la obligación de que las Comunidades Autónomas impongan un canon por el uso de los vertederos y plantas de incineración. Se trata de un impuesto que ya existe en Catalunya y que se extenderá al resto del Estado de manera obligatoria, de modo que las empresas que se encargan de gestionar los desechos urbanos públicos o privados deberán pagar una tasa por tonelada depositada.
Por otra parte, se ha congratulado de que la norma ponga como objetivo que en 2028 se haya eliminado todo el asbesto y para ello establece como prioritario la elaboración de un censo que identifique dónde hay fibrocemento, uralita o cualquier otro material que contenga estas partículas cancerígenas, recordando que el uso del amianto lleva prohibido en España desde el año 2002, debido a las evidencias científicas que prueban que la exposición a este material incrementa los riesgos de padecer cáncer de pulmón o mesotelioma.
Rodríguez ha concluido diciendo que implantar el SDDR necesita la implicación de las comunidades autónomas o de la administración central ya que ciudad a ciudad, no serviría. Por ello, que haya una ley que apueste por el modelo de depósito y retorno es "un paso histórico".
