La proyección del documental 'Los jóvenes de las vías. Una herida abierta' que tendrá lugar mañana miércoles 23a las20,30 horas forma parte del calendario de movilizaciones de la Plataforma Absolución ¡Jóvenes de la vías! ante la cercanía del juicio por el que tres jóvenes murcianos se enfrentan a ocho años de cárcel y una multa de 133.000 euros.Tras la proyección habrá un coloquio con los realizadores y familiares de 'los jóvenes de las vías'.
Testimonios de activistas como Joaquín el Cura, la señora Ana o Joaquín Contreras componen este documental sobre las movilizaciones vecinales en el entorno de las vías, donde cuatro jóvenes realizadores; Javier Cerezuela, Abel Guillén, Félix Cervantesy Kisco Palazón, plasman el éxito que supuso la movilización de un barrio y una ciudad a favor del soterramiento del tren.
La reivindicación para el soterramiento de las vías, concretada en la consigna 'AVE soterrado' fue creciendo en intensidad, reuniendo apoyos que desbordaron los barrios afectados y pronto incorporaron a buena parte de la ciudadanía de Murcia y de toda la Región. Pese a la brutal represión policial reforzada con antidisturbios, estrategia de contención social del entonces delegado del gobierno Francisco Bernabé, la causa se fue endureciendo y la revuelta extendiendo. En la noche del3 de octubre de 2017se derribaron las vallas que se habían levantado para cerrar el paso a nivel y se quemó el cableado de unas máquinas allí aparcadas. No se identificó a nadie en el lugar. No hubo detenidos.
A comienzos de 2018 se acusó a tres jóvenes elegidos a dedo de entre las miles de personas que esa noche estuvieron allí a los que se les piden penas de ocho años de cárcel y más de 130.000 euros de multa por los acontecimientos de la noche del 3 de octubre de 2017. No hay pruebas concluyentes que permita incriminarles, las acusaciones las anunciaron en rueda de prensa el propio delegado del gobierno Bernabé y el jefe superior de policía. No se hizo una investigación sobre el despliegue policial y la violencia ejercida en la represión, como pidieron varias organizaciones de derechos humanos y colectivos anti-represión de la Región de Murcia. El juicio se acabó fijando para cuatro años después.
Lo que ha provocado llegar hasta aquí es un entramado de intereses políticos y económicos que se encuentran protegidos de la protesta popular gracias a una legislación represiva como la Ley Mordaza. Lo que se quiere hacer con estos jóvenes no es aplicar justicia, sino ejecutar una venganza. Una venganza sobre el movimiento popular, una venganza sobre todas las personas que participaron en esta lucha exitosa.
